Allana el ejército medios que dan espacio a acciones de la resistencia

La Jornada
Arturo Cano
Enviado

Tegucigalpa, 28 de septiembre. El gobierno de facto de Honduras parece querer dar marcha atrás, más por presiones internas que externas, al estado de sitio que decretó apenas ayer. Mientras tanto, comienza la jornada muy temprano, con el allanamiento a la estación Radio Globo y del canal de televisión Cholusat sur. Antes de que amanezca, policías y militares ocupan las sedes de los dos medios, los únicos con cobertura nacional que daban espacio a las acciones y proclamas de la resistencia.

La noticia corre rápidamente en los celulares de los periodistas extranjeros. Los primeros en llegar son dos reporteros de la filial guatemalteca de Televisa. Terminan golpeados por los policías y sin cámara. Los siguientes equipos son obligados a guardar sus lentes, bajo la amenaza del tolete. En el transcurso del día, la tensión disminuye. Otros periodistas llegan a tomar fotos y lo hacen sin problemas. Los que no se aparecen, sino en pequeños piquetes, son los zelayistas, que en otras ocasiones habían acudido incluso a hacer plantones "en defensa de Radio Globo" a las afueras de la emisora.

El vocero de la policía, Orlin Cerrato, explica que se cumple una orden con base en el decreto que prohíbe "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".

Además de cerrar medios, el decreto autoriza al ejército y la policía a dispersar manifestaciones y detener a quien sea sin orden de aprehensión. Logra su objetivo: la "batalla final" convocada por el presidente Manuel Zelaya desde la embajada de Brasil se pospone.

Micheletti publica el decreto el sábado, aunque había sido aprobado por su consejo de ministros el pasado martes 22, un día después de la llegada de Zelaya. Y hasta el momento no lo ha enviado al Congreso, que puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.

El rechazo al decreto no proviene sólo de Zelaya y la resistencia. Políticos y medios que han aplaudido el golpe lo ven con malos ojos. Una comisión de diputados, encabezados por Alfredo Saavedra, presidente del Congreso, acude a ver al presidente de facto.

La relección de Micheletti

Formalmente, la preocupación es que la suspensión de garantías individuales afecte el "libre desarrollo" de las campañas electorales, como si no estuvieran ya afectadas por la crisis política que lleva tres meses (los candidatos se la han pasado suspendiendo sus actos de proselitismo y acudiendo a una reunión tras otra en su afán de "buscar el diálogo", hasta ahora acciones estériles).

Sin embargo, en el decreto de Micheletti muchos ven otra cosa: "La intención de los golpistas de continuar en el poder más allá de las elecciones generales", dice el dirigente sindical Israel Salinas, en medio de la ratonera, es decir, de la calle frente a la Universidad Pedagógica donde los zelayistas son encerrados por policías antimotines.

No es un temor exclusivo de los izquierdistas del Frente de Resistencia. "Estado de sitio. Medida afecta la libertad de expresión", cabecea el muy golpista periódico El Heraldo.

La Tribuna, propiedad del ex presidente Carlos Flores Facussé, es más claridoso: "Tanto que hablan de Hugo Chávez y aquí ya estamos igual o peor".

Flores es muy influyente en el Partido Liberal y su hija, Lizzy Flores, es vicepresidenta del Congreso. En el periódico de la familia hay una columna habitualmente dedicada a golpear a Zelaya y los suyos, pero este día denuncia que en la televisión oficial "una conductora le ha ordenado a una nueva presentadora que diga que si el 27 de enero no hay presidente electo, que Micheletti se quede por dos años más".

El diario también recuerda que José Manuel Zelaya fue duramente criticado por quienes están en el gobierno, por el decreto de la consulta del 28 de junio, quienes ahora hacen lo mismo: gobernar a decretazos.

Aparece el peine, pero el decreto se queda en suspenso.

Claro, después de la reunión con los diputados Micheletti ofrece reunir a sus ministros para analizar la situación y, "si es necesario", "derogar" el decreto que ellos mismo emitieron.

Por supuesto que la derogación no sería inmediata, porque Micheletti también dice que va "a consultar con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, incluso con los candidatos presidenciales para tener un diálogo y así tomar la decisión más importante, de derogar ese decreto en el momento más oportuno, para que haya paz y tranquilidad".

La "consulta" deriva, dicen analistas locales, de que a Micheletti probablemente no le salían las cuentas. El domingo, el embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, recibió en su casa a los cuatro candidatos presidenciales que están con el golpe (además de a Carlos Flores Facussé, empresarios y Víctor Meza, ex ministro de Gobernación de Zelaya). Al salir de esa reunión, Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional (PN) a la presidencia –y seguro ganador, según algunos– se manifestó contra el decreto porque, dijo, "daña la imagen del país y la economía nacional".

El PN cuenta con 52 de los 128 diputados del Congreso Nacional. Sumados a una veintena de liberales y a los seis del partido Unificación Democrática (UD) podrían atajar la aprobación del multicitado decreto.

"Si Lobo cumpliera su palabra, el decreto se quedaría sin respaldo político", dice el diputado de UD, Marvin Ponce, aún con el brazo derecho en cabestrillo, luego de que se lo rompieran a macanazos el pasado 14 de agosto.

Marcha en fila india

El "decreto ejecutivo", que según los golpistas busca detener la "insurrección" y "garantizar la seguridad de la población", no tiene efecto inmediato.

Durante el día, el gobierno repite una y otra vez, frente a los rumores, que aún no se decide la hora del toque de queda y que la única fuente autorizada para informar el horario de guardarse es la "cadena de radio y televisión".

En la Casa Presidencial y en los alrededores de la embajada de Brasil se refuerza la presencia militar: hay diez camiones del ejército en la explanada del sitio donde despacha Micheletti y otros tantos donde se refugia Zelaya.

Antes de que los zelayistas lleguen a su punto habitual de reunión, la calle frente a la Universidad Pedagógica, ya los esperan dos centenares de antimotines. La asistencia es pobre. Pero, con todo, varias decenas de personas se tiran frente al camión lanza agua al grito de "¿Cuál es la ruta? Sacar a ese hijo (d)e puta".

En lugar de las noticias, en el Canal 36 hay barras de colores, y en la frecuencia de Radio Globo, nada. Los zelayistas han perdido su voz, simple y llanamente. Ambos medios fueron sacados del aire con el golpe de Estado, pero luego de unas horas recobraron sus señales. Desde entonces se convirtieron no sólo en espacios de denuncia, sino en los vehículos para dar a conocer las convocatorias de la resistencia, la información que se silencia en todos los demás medios y en el espacio para los continuos mensajes de Zelaya.

De modo que no hay dónde los seguidores de Zelaya se enteren del mensaje de los dirigentes de la resistencia que rechazan el "decreto ejecutivo", se solidarizan con los medios clausurados y exhortan a los marchistas a "no dejarse atemorizar".

Tras una breve negociación con la policía, los zelayistas deciden permanecer en la calle. No intentar una marcha hacia el centro de la ciudad es la condición que les ponen para no reprimirlos.

En horas de la tarde, la policía les autoriza caminar, uno tras otro, hacia la sede del sindicato de bebidas y similares, de donde parten al entierro de la joven Wendy Ávila. Así, en fila india, cumplen su objetivo de "no dejarnos encerrar como cangrejos en nuestras casas", como dice el líder Juan Barahona.

En ese tenso escenario, el dirigente campesino Rafael Alegría se permite la broma de invitar a la prensa extranjera "a compartir los gases lacrimógenos con nosotros".

Zafarrancho en el Congreso

El conductor de una estación radiofónica afin al gobierno acepta que él no pone al aire todos los mensajes "porque estamos en un estado de excepción y no nos vamos a arriesgar". Acto seguido, critica a la emisora Radio Globo, sin nombrarla, "porque desde ahí se llamaba a la gente a llevar a las manifestaciones piedras, palos, machetes y hasta metralletas".

Se consulta a reporteros que llevan meses en estas tierras y nadie recuerda tal convocatoria.

En todo caso, el conductor sólo se pliega a la línea del presidente de facto Roberto Micheletti, quien asegura que los medios cerrados "estaban incitando a la violencia, a la guerrilla y a un montón de cosas que nos tenían superpreocupados".

Generoso, ofrece que una vez concluida la vigencia del decreto, los dueños de los medios arreglen el asunto en tribunales.

Después debe de haber ido a celebrar que el representante alterno de Washington ante la Organización de Estados Americanos, Lewis Amselem, haya calificado el retorno de Zelaya de "irresponsable e idiota", según la agencia Afp, pese a que cuando el hondureño llegó a la embajada de Brasil, su jefa, Hillary Clinton dijera que era una "oportunidad" para encontrar la salida.

En su felicidad, Micheletti muestra que sabe poner la otra mejilla, pues le manda al presidente Luiz Inacio Lula da Silva "un fuerte abrazo con el cariño y el respeto que siempre le tenemos a todos los países del mundo".

Apenas hace unos días, Lula dijo que no respondería a "las estupideces de un golpista".

El abrazo no es extensivo a los periodistas extranjeros, impedidos para ingresar a la sesión del Congreso Nacional.

Un grupo de diputados baja del edificio para hablar con los soldados como telón de fondo.

Son los diputados de UD, que regresan por vez primera desde el golpe de Estado, y la legisladora Argentina Valle, una de las liberales que permanecieron fieles a Zelaya.

César Ham, diputado y también candidato presidencial de UD, informa que acaban de proponer un decreto para echar abajo el de Micheletti, con un aderezo: proponen que los militares sean "recluidos en sus unidades de manera inmediata".

Apenas regresan los diputados a la sesión cuando se arma un zafarrancho. Un grupo de inspectores de vía pública quita sus mercancías a varias mujeres que venden chicles y cigarros en la calle. Las mujeres se defienden, agarran a trompadas a los inspectores, con la ayuda de sus hijos, ninguno de los cuales llega a los diez años. Son bravas. Los persiguen hasta la bocacalle. Uno de los inspectores, de nombre Manuel, saca una pistola y encañona a un niño de ocho años. Luego corre. Los policías y los soldados que cuidan el Congreso ni se meten. La mamá, Karen, suelta su coraje, sus chicles tirados en la banqueta: “Desde el 28 de junio ando rebuscándome la vida aquí, porque ningún político le da de comer a mis tres hijos. A mí, ni Mel ni Micheletti me ayudan”.