Amplía Slim la brecha privatizadora en México

"Adquiere grupo español Caixa 20% de acciones de Inbursa" (La Jornada 16.10.08). La Caixa es accionista mayoritario (33%) de Gas Natural (GN), que es la segunda generadora eléctrica privada en México y la primera proveedora de dicho combustible. Por otro lado, Carlos Slim, el dueño de Inbursa, había comprado hace días el 15% de las acciones de GN en México. Slim ha recibido ya más de 100 concesiones de Generación eléctrica en México, para autoabastecimiento, distribuidas en toda la república, y además es contratista de Pemex y la CFE. La concentración de poder y el control por parte del sector privado sobre el sector energético es cada día más grave, solapado por el gobierno.



La perversa acumulación del capital globalizado

La concentración en unas cuantas manos del capital industrial y financiero avanza día a día, sin importar cuantas "regulaciones" o "candados" puedan imponerse. Hecha la ley, hecha la trampa, dice un viejo adagio. En México, la fantástica fortuna del millonario "mexicano" Carlos Slim lo ejemplifica. Dueño de una gran cantidad de empresas en sectores estratégicos (producción y servicios entre las que destaca Telmex) es a la vez dueño del Grupo Financiero Inbursa (GFI). La alianza de Slim con el poderoso grupo catalán La Caixa, no solo es económica sino también política, y permitirá a ambas ampliar la brecha privatizadora de la energía en nuestro país.
Mientras las "autoridades reguladoras" ni siquiera abren la boca, Inbursa y Caixa se limitaron a informar el aumento de sus capitales. Para evitar suspicacias, Inbursa se apresuró a aclarar que "la mayoría accionaria y la operación de GFI son y seguirán siendo mexicanas". ¡Claro! la normatividad vigente es lo suficientemente "benévola" como para impedir que nadie les pida cuentas. Y en último de los casos, para eso tienen a su servicio los costosos bufetes de abogados, expertos litigantes en las cortes internacionales de su elección.

Impunidad globalizada

El sistema financiero internacional, vive actualmente una cresta más de su estado de crisis permanente. Creado supuestamente para asegurar que cualquier país pudiera proveerse de dinero y financiar su economía, hoy está claro que su objetivo es y ha sido favorecer la acumulación de capitales.
Valga recordar que en México, luego de una historia de "desaciertos" cuyo clímax fue una terrible crisis económica, se realizó la expropiación bancaria realizada (José López Portillo, 1982) seguida de su inmediata e igualmente fulminante reprivatización (menos de una década después, entre junio de 1991 y julio de 1993), justo en el mismo período en que se negociaba el nefasto Tratado de Libre Comercio (TLC).
Impulsado por el cambio del "patrón oro" en EU que provocó la "dolarización" de las reservas a escala global, México, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari adoptó la medida. El "transparente" proceso de privatización entró en crisis en 1995, con una nueva caída de la banca ya reprivatizada, que conduciría a una nueva devaluación y obligó a una intervención salvadora de los bancos declarados insolventes, mediante crédito externo. La deuda así socializada, constituye un pesado lastre para el desarrollo nacional, para las próximas décadas.
En México, al menos durante los cuatro últimos gobiernos descaradamente neoliberales, es evidente que la renta petrolera ha servido para sostener en buena parte las precarias finanzas del estado, y con ello apuntalar la riqueza de unos cuantos. A ellos habría qué preguntarles:

Si vendemos el petróleo ¿cómo seguir rescatando a los banqueros?

Cuando la crisis zedillista, el banco central de México (Banco de México, banxico) entregó a la banca privada los fondos y divisas necesarios (todos y aún más) para darle "liquidez" y "solvencia". Son las mismas medidas que actualmente impulsa el Banco Mundial entre los estados miembros para solventar la crisis financiera mundial.
A partir de 2000, tocó a Vicente Fox consolidar la "extranjerización" de la banca, con la compra de Bancomer por parte de la española BBVA y de Banamex, por parte de Citibank, al menos esta última sin el pago de derechos. Vendría también HSBC a comprar Bital y Santander a comprar Serfin y así otros, hasta completar la "extranjerización" de la banca mexicana. Actualmente el capital dominante es español, seguido de EU.
El proceso arranca de la crisis de 1982, que provocó el endeudamiento del país y la suspensión de créditos, contraidos con bancos internacionales privados. Deuda que motivó diversas "reestructuraciones" hasta el punto en que Ernesto Zedillo terminó por "empeñar" la renta petrolera (en &&&).
Son los mismo bancos y grupos financieros que, mediante distintas asociaciones, participaciones, fusiones o cualquier otro nombre con que quieran disfrazar la concentración de poder de mercado y su control, que tienen una alta participación en el mercado energético de México actualmente, desempeñando no solo funciones estratégicas, sino también como contratistas, a través de sus distintas subsidiarias.
Esta es una tendencia generalizada y las repercusiones son catastróficas.

La vuelta del modelo de 1982

La primera consecuencia está en el aumento de la deuda pública, toda vez que el legislativo aprobó por unanimidad la Ley de ingresos 2009 que incluye un déficit de 11.9% del PIB, es decir, es la vuelta al esquema de endeudamiento cuyo control era -- se dijo por años--, una de las ventajas del modelo macroeconómico neoliberal.
La pregunta es cómo se hará para financiar en la práctica dicho "déficit", y en su caso, qué programas se recortarán si no se encuentran créditos suficientes o no hay forma de captar capitales extranjeros (supongamos que no se acepta la participación privada en Pemex).
Otro impacto ya visible es la baja de las reservas internacionales, entregadas a la especulación mediante "subastas" de carácter confidencial. Seguramente está en curso la fuga de capitales que acompaña normalmente a este efecto.
Pero el efecto más grave es, como en la crisis de 82, la intentona de reactivar del modelo de exportación de recursos (básicamente petroleros), para lo cual se está cocinando en express la reforma de Pemex.
Todo apunta a que aún la izquierda partidaria, carente de alternativas independientes y de clase, se alineará por la continuación del modelo vigente, aunque ello represente un mayor alejamiento de las luchas populares, que hoy tienen un carácter revolucionario.

Hoy más que nunca: ¡No a la privatización de Pemex!

Frente de Trabajadores de la Energía.

Grupo Democracia Revolucionaria

Privatización y energética furtiva

El dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía es plenamente inconstitucional y privatizador. En vez de desparecer a esta comisión, por ser lesiva a la nación, los senadores decidieron fortalecerla. La CRE ya desnacionalizó a la industria eléctrica, y parte de las fases con el gas natural; ahora ampliará sus facultades para continuar impunemente con la privatización furtiva, también en el transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos por medio de ductos e, incluso, de agrocombustibles.

Consideraciones legislativas

El 21 de octubre de 2008, las comisiones de energía y de estudios legislativos del Senado anunciaron que presentarían al pleno, para “primera lectura”, el proyecto de decreto sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El proyecto no se presentó ese día, se pospuso para el 23 con la finalidad de aprobarlo “con dispensa de trámite”.
Todos los partidos políticos presentaron en sus iniciativas energéticas la propuesta para reformar la Ley de la CRE, Todos coinciden en la necesidad de “contar con un (órgano) regulador con mayores atribuciones”. Esto significa “la ampliación del margen regulatorio” y el fortalecimiento de esta comisión privatizadora.
Según fue publicado por la Gaceta del Senado, No. 277, del 21 de octubre, “la extensión del objeto de la CRE se fundamenta en la firme convicción de que habrá beneficios (sic) tangibles (sic) para la población a partir de la regulación”. Los legisladores viven en un mundo fantasioso. La regulación aplicada a la fecha ha traído, como “beneficio tangible” para la población, sucesivos y hasta exorbitados aumentos a la electricidad y el gas, y nadie quiere esos “beneficios”.
Se indica, también, que “la regulación es un tipo de intervención del Estado esencial (sic) para el apropiado desarrollo económico nacional”. ¡Se trata de viles mentiras! Esa “intervención del Estado” se limita a otorgar permisos privados a las transnacionales y sus filiales para que hagan negocios. En nombre del Estado, la secretaría de energía (Sener) y ésta, a su vez, por medio de la CRE, se dedican a realizar trámites ilegales a favor de las corporaciones. Esa intervención no es esencial para el apropiado” desarrollo económico nacional, sino que, se trata de la cínica entrega de las funciones estratégicas constitucionales al capital privado extranjero.
Con el mismo entreguismo, las comisiones dictaminadoras propusieron que la CRE “tenga facultades de regulación más activa”. El FAP propuso, incluso, que se le otorgue a la CRE “mayor autonomía y capacidad de regulación”.
Como medida específica, el FAP propuso que la comisión presente un “informe anual” que incluya “un listado de los permisos otorgados y de las solicitudes de permisos no otorgados durante el año, y la fundamentación de las deliberaciones de las decisiones adoptadas”. Se trata, evidentemente, de una propuesta ridícula.

Proyecto de decreto

De entrada, el artículo 1 define a la CRE como un supra-poder indicando que se trata de un “órgano desconcentrado” de la Sener que,”gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión (sic)”. ¿Para qué? Para entregar al capital extranjero el patrimonio energético de la nación.

a) Regulación eléctrica

El artículo 2 se refiere al objeto de la comisión, mismo que actualmente incluye “promover el desarrollo eficiente (sic) de las siguientes actividades:

“I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público”. Este es un exceso y una ilegalidad porque, el suministro y venta de energía eléctrica corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“II. La generación, exportación e importación de energía eléctrica que realicen los particulares”. Esto es inconstitucional porque la generación eléctrica es la fase más importante del proceso de trabajo eléctrico y se trata de actividades constitucionalmente estratégicas.
“III. La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público”. Esta no tiene porqué ser función de la CRE, sino de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Peor aún, es una función inconstitucional porque tales entidades deben “generar” la energía destinada al servicio público no “comprarla”.
“IV. Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica”. Esto también es inconstitucional porque la transmisión, transformación, control y distribución eléctrica son actividades constitucionalmente estratégicas.

Con base en las anteriores “atribuciones” la CRE ya desnacionalizó a la industria eléctrica de los mexicanos. Mediante 736 permisos privados, el 48.3% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada.

b) Regulación del gas

Otras de las funciones se refieren a:

“V. Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado del petróleo;
“VI. El transporte y el almacenamiento del gas natural que no sean indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración;
“VII. La distribución de gas natural;
“VIII. El transporte y la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos”.

Estas son funciones constitucionales de Pemex pero ahora son privadas porque están a cargo de permisionarios privados.
Se dice que “para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividades reguladas las mencionadas en las fracciones anteriores”. Esto, cínicamente, implica que la tal regulación es privatización porque, en todos los casos, la CRE ha otorgado permisos privados a las transnacionales y sus filiales.
A la fecha, la CRE ha otorgado 200 permisos para la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, y de distribución y transporte de gas LP por medio de ductos. El país ha sido dividido en 15 regiones geográficas de distribución.
Sin embargo, estas “facultades” inconstitucionales NO fueron objetadas por ningún partido, al contrario, TODOS las apoyan. Más aún, ahora TODOS coincidieron en ampliar las funciones de la CRE en diversas actividades.

c) Nueva y adicional regulación

En el proyecto de decreto se renumeran algunas fracciones del artículo 2, SIN suprimir ninguna de las actuales funciones, para agregar:

“V. Las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de los petroquímicos básicos …
“VI. El transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realicen por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento …
“VIII. El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por medio de ductos, así como el almacenamiento de los mismos, ...”.

Inicialmente, el PAN propuso que estas actividades se privatizaran directamente; el PRI que se contrataran con terceros por parte de las filiales de Pemex. Ambos partidos dijeron que habían retirado sus propuestas. Sin embargo, no es así, porque las introdujeron en los dictámenes sobre la Ley de la CRE y la Ley de Pemex. En el presente caso, adicionaron facultades a la CRE para “regular” tales actividades mediante el otorgamiento de permisos privados.

Amplían la privatización furtiva

Esto significa que los cinco burócratas de la CRE tendrá facultades para “regular” (privatizar) no solamente a la generación eléctrica, la distribución, transporte y almacenamiento de gas sino, también, el transporte de los productos petrolíferos (gasolinas, diesel, combustóleo, grasas, lubricantes) y productos petroquímicos “¡básicos!”. Esto es inconstitucional.
También tendrá facultades para “regular” el transporte y distribución de biocombustibles, así como su almacenamiento lo cual es inaceptable.
En todos los casos, la CRE otorgará permisos privados para realizar estas actividades. Esa es la “regulación” que hace esa comisión: otorgar discrecionalmente permisos privados a las transnacionales y sus filiales que lo solicitan. Además, la CRE seguirá obligando a Pemex a que ponga al servicio de los permisionarios privados la Red Nacional de Ductos que, ahora, incluirá a las redes de gasoductos y poliductos.
Respecto a las facultades otorgadas a la CRE para impulsar la privatización de los agrocombustibles se trata de un verdadero crimen contra la nación.

Autonomía para privatizar

La actual división del país en zonas geográficas territoriales para las transnacionales, ahora, se ampliará. Así lo indica el proyecto de ley en el artículo 3 referido a las atribuciones de la comisión.
“IX. Determinar las zonas geográficas exclusivas de distribución de los productos y actividades reguladas, conforme al artículo 2 de esta Ley, considerando los elementos que permitan el desarrollo rentable y eficiente de los sistemas de distribución;
“XIII. Aprobar y expedir modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las actividades reguladas”.
Según esos modelos de contratos la CRE otorga a los permisionarios una cláusula según la cual, tratándose de controversias, pueden acudir al arbitraje internacional y, más aún, elegir al tribunal de su preferencia. Para ello, de acuerdo al artículo 4 del proyecto de decreto “La Comisión gozará de plena autonomía para emitir sus decisiones”.

Informe de la privatización

Para lograr el “consenso”, las comisiones “aceptaron” la propuesta del FAP y, en el artículo 7 se indicó como facultad del Presidente de la CRE: “VIII. Publicar un informe anual que deberá ser enviado al Congreso de la Unión y que deberá incluir … lo siguiente: un registro de los permisos otorgados durante el año; un listado de las solicitudes de permisos no otorgados durante el año; y la fundamentación (de) las deliberaciones adoptadas por los comisionados”.
Como parte de las supra-facultades de la CRE, se indica en el artículo 13 que, la propia comisión “interpretará y aplicará para efectos administrativos esta Ley”.
Este proyecto de decreto es, a todas luces, inconstitucional y plenamente privatizador. El “logro” del FAP consistente en que el presidente de la CRE presente un informe que contenga el listado de permisos privados otorgados, además de ridículo es una burla.
No se trata de que la CRE informe del incremento en la privatización de las funciones constitucionales estratégicas, ni de la pérdida creciente del patrimonio y recursos energéticos de la nación. Se trata de que NO haya permisos privados, por ser inconstitucionales, y de que se revoquen los actuales por la misma razón.
Si ahora la privatización en la generación eléctrica ya llega al 48.4% con 736 permisos vigentes en todas las modalidades privatizadoras, mañana que sea mayor ¿podrán decir el FAP, y sus “expertos”, que se trata de “un logro” al conocer el listado de permisos otorgados?

Privatización de TODAS las fuentes de energía

Al aprobarse las reformas al artículo 33 de la Ley de la Administración Pública Federal (LOAPF) relativas a la Sener, todos los partidos acordaron que ésta tendrá las atribuciones para “regular las fuentes alternas a los hidrocarburos”. En su momento señalamos que son las renovables y las no renovables, varias de ellas apenas en desarrollo y que todavía no se utilizan en México, pero que ya quedarán privatizadas, algunas de manera absurda.
Esas fuentes alternas son: el carbón, el uranio, el torio, el plutonio, el hidrógeno, el helio, el litio (elemento energía), el agua (ordinaria, pesada y tritiada), el vapor terrestre (geotermia), la energía oceánica (mareomotriz), el viento (y altos vientos), y la radiación del Sol.
En su voracidad privatizadora, las comisiones del Senado incluyeron en el dictamen sobre la Ley para las Energías Renovables, también, a la biomasa e, incluso, a los “biocombustibles”, sin precisar si éstos serán a partir de caña de azúcar, maíz, trigo, cebada, palma de aceite, mostaza de Etiopía, o frutas (naranjas y manzanas) o, incluso, nopales y magueyes.
Se trata de la privatización porque las bases legaloides son las contrarreformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), mismas que permite la generación eléctrica privada a partir de cualquier fuente primaria. A la fecha, la CRE ha otorgado varios permisos a las transnacionales y sus prestanombres para la generación eoloeléctrica, a base del viento, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como diversos proyectos hidroeléctricos.
Esto empuja a los senadores a apoyar, unáminemente o por mayoría, el séptimo dictamen que han venido ocultando. La privatización de las fuentes de renovables de energía ya la lleva a cabo la CRE. Con el dictamen, serán explícitas las atribuciones de esta comisión encargada de otorgar los permisos privados.
Este decreto debe ser desechado pues es abiertamente privatizador e inconstitucional. Si los legisladores lo aprueban, “lograrán” violar flagrantemente a la Constitución.


Frente de Trabajadores de la Energía,
de México

Grupo Democracia Revolucionaria.

¡Sí hay privatización!

Los siete dictámenes del Senado sobre la reforma energética NO evitan la privatización eléctrica y petrolera, más aún, seis la permiten. Entonces, SÍ hay privatización. Contrariamente a lo expresado en los medios, políticos y “expertos”, los senadores incurren en hechos inconstitucionales, ratifican disposiciones legislativas regresivas y avalan la privatización energética furtiva.

Dictámenes inaceptables

Este 21 de octubre, frente a las instalaciones del Senado de la República, el FTE de México realizó un mitin para protestar contra los dictámenes, algunos ya proyectos de decreto, de las iniciativas energéticas, mismas que contravienen al Pacto político de la nación en materia de energía. En el evento fuimos acompañados por los compañeros del Frente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Coordinadora de Trabajadoras en Defensa del Carácter Público del Agua, del Grupo de Acción Revolucionaria, de Unión Patriótica, compañeras de las brigadas del Valle de Toluca, así como, estudiantes, jóvenes y señoras de la resistencia popular.
En medio de un amplio despliegue policiaco, que mantuvo amurallado al Senado, seis oradores del FTE detallaron los términos de los actuales dictámenes y/o proyectos de decreto demostrando los puntos clave donde está el veneno de la privatización.
De entrada, se hizo una severa crítica a los senadores que se aprestan “a celebrar” lo que la nación rechaza. El FTE no comparte las opiniones de los “expertos” que justifican el trabajo parlamentario y omiten el fondo del asunto. Tampoco estamos de acuerdo con los políticos y asesores que miran los hechos desde lejos, vacilando a la “hora buena”.
¿Cuál es su problema? Mirar solamente la mitad de los fenómenos e ignorar, deliberadamente, la otra mitad. El FTE desea mirar la situación de conjunto, asumiendo todos los riesgos políticos. Lo más “bonito” es escuchar palabras gratas al oído, aunque no sean ciertas; para los políticos pragmáticos es difícil afrontar la realidad, ya que, alteraría sus planes electorales.
El FTE de México no tiene elevada jerarquía pero sí gran significación política. Varias décadas de intensa lucha y una coherencia a toda prueba, sin tener ningún interés particular, nos obliga a revisar a fondo los términos en que se está acordando la llamada reforma energética.
Lamentamos que, lo que hemos venido señalando, se confirme adversamente. No son nuestros dichos, sino los hechos, los que confirman un balance inicial desfavorable. En el mitin, el FTE dijo ante los presentes que, como siempre, lo que decimos lo demostramos.

Dictamen 1- Ley de la Administración Pública Federal (LOAPF)

Este dictamen se refiere a las reformas al artículo 33 de la LOAPF sobre las atribuciones de la secretaría de energía (Sener). A la Sener se le otorgan las facultades para:
“IV. Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables;
“VII. Otorgar, y en su caso, cancelar permisos y autorizaciones en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables;
“XI. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así como, proponer, en su caso, los estímulos correspondientes”.
Estas funciones son violatorias de los párrafos cuartos y sexto del artículo 27, y cuarto de los artículos 28 y 25, constitucionales. Las actividades del sector energético son “estratégicas”, a cargo exclusivo del Estado y la Sener NO tiene porqué promover la participación privada. La Constitución prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos, tanto en materia eléctrica como de hidrocarburos. La Sener NO tiene porque otorgar permisos y autorizaciones a los particulares.
Regular las fuentes alternas a los hidrocarburos implica a las fuentes de energía, renovables y no renovables. Estas fuentes sirven para la generación eléctrica, actividad “estratégica”, en la cual, la Constitución NO admite ninguna “regulación” (privatización).
Esas fuentes alternas son: el carbón, el uranio, el torio, el plutonio, el hidrógeno, el helio, el litio (elemento energía), el agua (ordinaria, pesada y tritiada), el vapor terrestre (geotermia), la energía oceánica (mareomotriz), el viento (y altos vientos), y la radiación del Sol.
Por lo demás, las “disposiciones aplicables” son las indicadas por la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), misma que conquistamos en 1995 al calor de la lucha de la Tendencia Democrática, y reformada regresivamente en 1992; y, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP), reformada inconstitucionalmente en 1995. Ambas “disposiciones” se ratifican ahora por los senadores.
¿Dónde está la constitucionalidad de este dictamen? No hay tal, al contrario, existe contradicción con lo dispuesto por la Constitución.

Dictamen 2- Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

De acuerdo al dictamen, el objeto “fundamental” asignado a ésta CNH en el artículo 2º, es “regular (sic) y supervisar (sic) la exploración y extracción” de los hidrocarburos en cualquier parte del territorio nacional, sea en tierra firme o en el mar, incluyendo “el proceso, transporte y almacenamiento” relacionados con los proyectos de exploración y extracción.
En términos del mercado neoliberal, “regular” deviene en la práctica en “privatizar”. Así ha ocurrido en México con la energía eléctrica y el gas natural.
Las funciones de la CNH, indicadas en el artículo 4º del proyecto de ley, se refieren básicamente a la exploración y explotación (producción) de hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural asociado). Estas funciones (exploración y producción) constituyen dos de las principales fases del proceso de trabajo petrolero. Estas actividades son “estratégicas” y no tiene porqué sujetarse a la “regulación”. Hacerlo tiene como propósito permitir la participación privada, por la vía del otorgamiento de contratos, de las transnacionales y sus filiales.
Entre las facultades de la CNH está:
“VI. Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía, así como de sus modificaciones sustantivas. La ejecución de las obras, trabajos y servicios del proyecto y su funcionamiento se realizarán conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente;
“XV. Emitir opinión sobre la asignación o cancelación de asignación de áreas para fines de exploración y explotación petrolíferas ….”.
Estas decisiones serían tomadas por cinco burócratas quienes, desde el escritorio, se encargarían también de determinar la política para la restitución de las reservas de hidrocarburos, las disposiciones aplicables a la exploración y extracción, la evaluación, verificación y cuantificación de las reservas de petróleo (sic).
Esta comisión, al igual que la Comisión Reguladora de Energía, son los instrumentos para concretar, vía la autorización de contratos y permisos, la privatización petrolera furtiva. Este dictamen, por tanto, es inconstitucional.

Dictamen 3- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Este dictamen tiene menor relevancia que los demás y se refiere a la creación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, misma que sustituirá a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

Dictamen 4- Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Esta comisión es la responsable la desnacionalización a la industria eléctrica, al haber otorgado 736 permisos privados a las transnacionales y sus filiales. Esto significa que, el 48.3% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional, ya esta en manos privadas.
La CRE, también, ha otorgado 200 permisos privados para el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, así como, la distribución y transporte de gas LP por medio de ductos. Ahora, los legisladores proponen “otorgarle” más funciones reguladoras (privatizadoras), indicadas en el artículo 2º del proyecto de decreto, que incluyen:
“VI. El transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realice por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento …
“VIII. El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por ductos, así como el almacenamiento de los mismo …
“IX. Determinar las zonas geográficas exclusivas (sic) de los productos y actividades reguladas …
Es decir, además de “regular” lo relacionado con la generación eléctrica y el gas natural, la CRE lo hará también con el transporte y distribución de petrolíferos, es decir, gasolinas, combustóleo y diesel, entre otros, así como, los productos petroquímicos básicos e, incluso, los agrocombustibles. Eso se hará mediante permisos privados otorgados por la CRE, en eso consiste la “regulación”. En materia de gas, las transnacionales se han repartido el territorio nacional en 15 zonas geográficas y lo mismo harán con las nuevas actividades “reguladas”.
Esta comisión “gozará de plena autonomía para emitir sus decisiones”, es decir, podrá seguir privatizando unilateralmente y a discreción. A propuesta del FAP se incluyó en el artículo 7º la obligación de la CRE de “VIII. Publicar un informe … que debe incluir, entre otros elementos … lo siguiente: un registro (sic) de los permisos otorgados durante el año ….”
Esto último es una burla que la CRE cumplirá al pie de la letra. Esa es una medida administrativa simple. Anualmente, la CRE informará que la desnacionalización energética cada vez será mayor. Sus decisiones están, y seguirán, basadas en una legislación inconstitucional y privatizadora. De acuerdo a este dictamen, la privatización furtiva seguirá y aumentará. Se trata, entonces, de un dictamen inconstitucional y privatizador.

Dictamen 5- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP)

Este dictamen se refiere a la ley reglamentaria petrolera. En el artículo 3º se indica lo que “constituye” la esta industria: lo mismo que se escribió en 1995 cuando ocurrieron las contrarreformas a la LRRP, basadas en las definiciones del Capítulo V. Energía y petroquímica básica, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica. Hoy, se vuelve a definir una industria petrolera basada en un proceso de trabajo parcial y fragmentado. Lo división artificial entre la llamada petroquímica “básica” y la “secundaria” se mantiene, para que ésta última siga privatizada. En la primera, ni siquiera se incluyó al “etileno”, como proponía el FAP.
Según el artículo 4º, el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, y gas LP; NO se consideran parte de la industria petrolera pudiendo, entonces, privatizarse como ya ocurre.
Para los legisladores de todos los partidos políticos, el gas natural, compuesto en un 95% por metano, NO es un hidrocarburo. Más aún, se agregó que “el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral” se sujetará a las mismas disposiciones privatizadoras. De esta manera, la privatización furtiva del gas natural se ratifica y seguirá.
En el artículo 6º se establece que Pemex y sus subsidiarias “podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios”. Esto contradice al párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Se indican algunos procedimientos pero, en ningún, momento se eliminan los contratos, que incluirían a la exploración y producción de hidrocarburos. El contratismo implica la participación privada en las actividades del sector energético y, por tanto, constituye una vía de la privatización. NO se venden “activos” pero sí se transfieren funciones constitucionales, hecho prohibido constitucionalmente.
En el mismo artículo se indica que Pemex “no se someterá en ningún caso, a jurisdicciones extranjeras” pero, en el mismo párrafo, se dice que “los contratos podrán incluir acuerdos arbítrales conforme … a los tratados internacionales” lo que es una evidente contradicción.
El artículo 10º establece la obligación de Pemex para “prestar a terceros el servicio de transporte y distribución por medio de ductos”, es decir, el sistema nacional de ductos seguirá al servicio de las transnacionales, en los términos definidos por la CRE.
La “regulación de la industria petrolera” se indica en el artículo 11º “con la participación que corresponda a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos”. Esa “regulación” no es sino la autorización de concesiones y permisos privados en las actividades del sector eléctrico y petrolero.
Esas “autorizaciones” permanecen intocables, de manera que, podrán seguirse otorgando permisos privados. Con esa base, los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) otorgados a las transnacionales para la producción de gas seco, y los Contratos de Servicios Integrales (CSI) que incluyen la perforación de pozos en tierra firme y en el mar, también por transnacionales, serían “legalizados”. El dictamen, en sus términos, es evidentemente inconstitucional.

Dictamen 6- Ley de Pemex

a) Fragmentación y desintegración del proceso de trabajo

Este dictamen es central para la industria petrolera, específicamente, Pemex. En el artículo 1º se indica que esta ley tiene su fundamento en lo establecido por la Constitución. Sin embargo, el artículo 2º dice que, Pemex realizará las actividades señaladas por la Ley reglamentaria, la cual fragmenta al proceso de trabajo petrolero en los términos indicados por el TLC.
El artículo 3º señala que Pemex “podrá contar con organismos descentralizados subsidiarios”, de manera que, lejos de integrarse la paraestatal será desintegrada más aún. Esto corresponde a la propuesta del PRI, supuestamente retirada, que incluye a filiales.
Pemex y sus organismos subsidiarios, de acuerdo al artículo 5º, “podrán celebrar … toda (sic) clase de actos, convenios, contratos (sic) y suscribir títulos de crédito …”. La celebración de “toda clase” de contratos contraviene lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Según el artículo 6º, “los organismos subsidiarios … serán creados por el titular del Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administración”. Esto incluye, también, la creación de subsidiarias para la petroquímica secundaria, en caso de que fuese realizada por Pemex.
Al Consejo de Administración se incorporan cuatro consejeros “profesionales”, propuestos por Calderón, PAN, PRI y FAP, “ratificados por el Senado”. De acuerdo al artículo 18º serán facultades del Consejo, entre otras,
“VIII. Aprobar los términos y condiciones para al contratación de deuda pública …
“X. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución de organismos subsidiarios …
“XI. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución de empresas filiales ….
Según el párrafo segundo del mismo artículo, “No requerirán aprobación del Consejo”, entre otras, las siguientes operaciones:
“j) … la contratación de obras y servicios relacionadas con los mismos, adquisiciones, arrendamientos y servicios …
Es decir, los contratos podrán otorgarse discrecionalmente y estarán basados en disposiciones legislativas secundarias e inconstitucionales. Los procedimientos son acotaciones que, en ningún caso, suprimen a ninguno de los posibles contratos.

b) Deuda y bonos

Con relación a la deuda se establece, en un “régimen especial de operación”, Apartado A, que Pemex podrá “acudir al mercado externo de dinero y capitales, contratar los financiamientos externos … en moneda extranjera …”.
En el Apartado B de ese régimen, se incluye a los “bonos ciudadanos”, cuyos titulares, “solo podrán ser” las siguientes: “a) Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro; b) Fondos de pensiones; c) Sociedades de inversión para personas físicas y, d) Otros intermediarios financieros que funjan como formadores del mercado”. Todas estas “figuras” se refieren a especuladores o defraudadores.

c) Contratos

En el caso de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, Pemex podrá “contratar” las mismas, en los términos de los artículos 51º y 52º de la Ley de Pemex, y de acuerdo a los artículos 3º y 4º de la Ley reglamentaria.
En el artículo 54º de la Ley de Pemex se establece que las contrataciones se harán, “por regla general (sic), a través de licitaciones públicas” pero, también, se indica que “por excepción” “las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación o adjudicación directa”. Entre estas últimas están las contrataciones para “desarrollar innovaciones tecnológicas” y los estudios de ingeniería.
En la sección “Modalidades especiales de contratación”, y en el artículo 60º, se indica explícitamente lo concerniente al otorgamiento de contratos que Pemex podrá realizar, con base en el artículo 6º de la Ley reglamentaria. Luego, el artículo 61º se refiere a las “remuneraciones de los contratos de obras y prestación de servicios”.
En suma, se autoriza el otorgamiento de contratos “de toda clase” aplicables a todas las actividades estratégicas a cargo de Pemex. Eso es explícitamente inconstitucional.

Dictamen 7- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables

Al momento del mitin, este dictamen no había sido puesto en conocimiento del pleno pero se sabe que todos los partidos están “prácticamente” de acuerdo. Se trata de la privatización de las fuentes renovables de energía. Según el dictamen, estas fuentes se utilizarían para generar energía eléctrica, en términos de la LSPEE. De acuerdo a ésta, puede haber generación privada mediante el otorgamiento de permisos privados a cargo de la CRE.
Las objeciones del FAP se refieren a que tales fuentes serían “privatizadas”. ¡Obviamente! Esto ya ocurre actualmente. La CRE ha otorgado permisos para la generación eoloeléctrica, a base del viento, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y lo mismos para varios sistemas hidroeléctricos.
Con esas inconstitucionales bases, la propuesta del PVEM es evidentemente inconstitucional y privatizadora. A este respecto, la única salida es eliminar a este dictamen. Aún así, con dictamen o sin dictamen, la privatización de las fuentes renovables está acordada con las reformas a la LOAPF y a la Ley de la CRE. Eso lo aprobaron ya todos los partidos políticos. Se trata de hechos inconstitucionales.

¡Sí hay privatización e-ner-gé-ti-ca!

En el mitin del FTE frente al Senado se concluyó, con base en los hechos y textos escritos por los senadores que, de los siete dictámenes, seis son privatizadores e inconstitucionales. Los medios dicen lo contrario; los políticos y expertos declaran que “se evitó” la privatización de Pemex.
Para el FTE, no solamente hay privatización petrolera sino, también, eléctrica y de todas las fuentes, renovables y no renovables, de energía. El FTE demuestra con hechos, con datos, con textos lo que afirma. Quienes consideran lo contrario, también, debieran demostrarlo. Amistosamente, retamos a los partidos, asesores, expertos y al propio AMLO a que nos demuestren que NO sabemos leer y, menos entendemos, lo que han escrito y están a punto votar.
Este martes 21, los senadores anunciaron, pero no dieron “lectura”, a los cuatro dictámenes faltantes. Luego, “los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, en compañía de la directiva de la Comisión de Energía, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo político de que el jueves aprobarán los siete dictámenes sobre la Reforma Energética sin privatizar a Pemex”. En esta sesión, se presentarán todos los dictámenes, en primera y segunda lectura, se “discutirán” y, seguramente, se votarán.

¡A la lucha mexicanos (as)!

Los legisladores de todos los partidos esperan una votación unánime, debido a que han logrado un gran “consenso”. Se autoengañan. Ese “consenso” no es de los legisladores, las “coincidencias” fueron consultadas, primero, con las petroleras transnacionales. Estas “acordaron las coincidencias” y los legisladores solamente les dan formalidad legislativa.
Hay políticos que se apresuraron a declarar, con base en el matiz logrado a las agresivas propuestas iniciales de Calderón que, “no hay privatización”, esta “se evitó”. El FTE no lo considera así. El propio PRI anunció que había retirado sus propuestas para crear filiales pero, con una redacción ligeramente distinta, se aprobaron en la Ley de Pemex. El mismo PAN declaró que “renunciaba” a que la refinación, el transporte, distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos e, incluso, “biocombustibles”, se privatizaran. Sin embargo, salvo la refinación, TODO lo demás lo introdujo como nuevas facultades de la CRE, misma que otorgará permisos privados a los particulares.
Además, los dictámenes ratifican al TLC aceptando la “definición” de un proceso de trabajo petrolero parcial y fragmentado, se ratifican las contrarreformas de 1992 a la LSPEE, así como, las de 1995 a la LRRP. Con esto, no solamente se avala la privatización energética (eléctrica y del gas) sino que se autoriza la continuación impune y, más aún, se aprueba ampliarla a otras fases del proceso de trabajo energético.
¿Cómo se puede afirmar que “se evitó” la privatización si lo que está escrito en los proyectos de decreto dicen lo contrario? La única manera de explicarlo es con mentiras.
Para los legisladores y expertos la lucha casi concluyó y se aprestan a celebrar; para el FTE no hay nada que celebrar y, lejos de concluir la lucha, se inicia ahora una nueva etapa orientada hacia la RE-NACIONALIZACION ENERGETICA.
Este jueves 23 de octubre, el FTE realizará un mitin frente al Senado, de las 12 a las 14 hs., para expresar nuestro rechazo a la privatización energética furtiva. Invitamos a los interesados a participar en este evento. ¡La Constitución NO se negocia! Llamamos a los mexicanos (as) a manifestarse en sus propios lugares, con todas las acciones al alcance.


Frente de Trabajadores de la Energía,
de México

Grupo Democracia Revolucionaria

Estado y neoliberalismo

amnesia política y desmantelamiento social

Por Antonio Soto

En los últimos años se han invertido los ideales de los años 70, cuando las ideas iban delante y los sucesos detrás, cuando proliferaban infinidad de alternativas políticas y sociales para subvertir el sistema político y económico. Ahora nadie se anticipa a nada, nadie puede explicar como revertir lo que sucede dentro o fuera de las fronteras delimitadas por los Estados. Las ideas están rezagadas, lejos de los acontecimientos, lejos de interpretar los dramáticos cambios sucedidos en las últimas tres décadas. El activismo y la militancia casi han desaparecido junto con sus sueños.

La decadencia y fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no solo acabó con el auge de las utopías, también dio inicio a una gran dispersión nacionalista fomentada por jerarquías locales, acogidas de buen grado por el imperialismo estadounidense y la Unión Europea. El desmantelamiento ideológico del estado soviético culminó en la atomización regional y en el rearme político de los fundamentalismos locales. Un retorno a lo que fuera reprimido durante décadas, que fundó la ciudadanía sobre la amnesia forzada de los ciudadanos, sobre la imposición de una ideología férrea y dogmática que apenas alcanzó para mantener a estos estados cautivos hasta su decadencia final.

La misma amnesia política y social impusieron los estados capitalistas, incluso dentro de sus propias fronteras, donde aún sobreviven muchos reclamos autonomistas. Amnesia que exportaron junto a su propia visión política y económica durante más de dos siglos de expansión colonial primero e imperialista después. Modelos que adormecieron y reprimieron todas las reivindicaciones nacionales y regionales surgidas en el seno de los países dominados.

Unos y otros activaron odios en contra de sus adversarios. Apoyaron movimientos nacionalistas de derecha o de izquierda, a minorías o mayorías étnicas o religiosas, y dejando exacerbados a unos contra otros, cautivos dentro de límites políticos arbitrarios, lo mismo en Asia, que en África o América Latina con una táctica de intervención poco novedosa: en la Segunda Guerra Mundial, todos los involucrados, ya habían aplicado estas prácticas de odio en todos los frentes militares desde Europa hasta Birmania.

Parece dudoso ahora que, los países imperialistas puedan, seguir fagocitando o reprimiendo a toda estas expresiones nacionales. Al alubión de identidades que comenzó a manifestarse nuevamente sin tanta injerencia externa, al reclamo de libertad, autodeterminación e independencia, frente a uno u otro de los actores preponderantes del pasado, reclamos que van imponiéndose sin pausa en todos los continentes.

Esto es parte de lo que debemos tratar de comprender y poner las ideas nuevamente por delante. Pero debemos entenderlo como parte de la propia dinámica imperialista, como consecuencia de la misma evolución de su proyecto de expoliación, ya no como el propio sistema lo propone al decretar el fin del modernismo y el fin de la historia pretendiendo dejar instalado al sistema capitalista para siempre. Para hacerlo, es inevitable analizar como el Estado Moderno ha sido degradado intencionalmente durante las últimas décadas hasta transformarse en agente de venta de sus propios recursos económicos y un golpeador desaprensivo frente a los conflictos sociales.

HACIA EL ESTADO NEOLIBERAL

Los estados imperialistas comenzaron a perfeccionar su doctrina antes que la guerra fría desapareciera entre los cascajos del Muro de Berlín, mucho antes que triunfaran las revoluciones sociales que conmovieron al mundo alrededor de 1910. Solo debía ajustar su propio modelo de dominación a los cambios que se fueron sucediendo desde las revoluciones nacionales de 1810, modelo aplicado durante el colonialismo en los Siglos XVIII y XIX y durante su expansión posterior: el imperialismo del Siglo XX.

Fue justamente en este siglo cuando, durante el apogeo del Estado Moderno y la reconstrucción de posguerra, el neoliberalismo consolidaría su poderío económico y desarrollaría sus coartadas ideológicas, económicas y mediáticas, sus alianzas de clase con las burguesías nacionales en los países que controlaba y las estrategias de guerra de baja intensidad ejecutadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha, para ejercer el control sobre los países que aún no lograba doblegar.

Los países de Asia, África y América Latina que no estuvieron involucrados militarmente en la contienda habían logrado adaptar sus economías a esa contingencia. Con diferentes niveles de autonomía habían logrado consolidar sus Estados Nacionales fomentando el desarrollo industrial independiente a pesar de los cambios políticos que se producían en los frentes de guerra. Estados que se consolidaron distribuyendo razonablemente el ingreso, que permitieron o alentaron la creación de grandes sindicatos obreros y organizaciones campesinas respaldados por amplios movimientos sociales. En fin, el Estado Moderno en plenitud con sus virtudes y defectos.

Fue durante el modernismo cuando el neoliberalismo consolidó su poderío económico y desarrolló sus coartadas ideológicas y mediáticas.

Finalizó la contienda y emergieron de ella dos actores dominantes: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Como consecuencia los países imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza, reformularon sus estrategias de intervención en los territorios que habían controlado antes y durante la guerra alterando, la división geopolítica de África y Asia, con nuevas invasiones militares frente al auge revolucionario y se lanzaron contra todos los movimientos nacionales, sociales o democráticos aunque estos no se reivindicaran como comunistas y no estuvieran ligados a los intereses del Estado Soviético.

El Plan Marshall y la Alianza Para el Progreso fueron promovidos para la reconstrucción de posguerra, un proyecto de reconstrucción con trampas, un verdadero proyecto de dominación y expoliación que irían perfeccionando con el tiempo. Europa logrará reconstruirse aún como socio cautivo; en el resto del mundo se acentuaron los lazos de la dependencia y el yugo económico y militar. Estos planes de reconstrucción de posguerra primero, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial después comenzaron a imponer el endeudamiento externo como modo de control y saqueo financiero. Cuando los Estados Nacionales intentaron resistirse a estas imposiciones fueron forzados a obedecer; golpes de mano cruentos encabezados por la oligarquía ligada a los intereses imperialistas y apoyados por ejércitos reaccionarios comenzaron a doblegar desde la década de los años 50, el desarrollo autónomo de los Estados Nacionales.

La paz de posguerra duró muy poco. Nuevas formas de resistencias nacionales y populares se consolidaron y pasaron de la defensiva a la ofensiva durante los años 60 y 70, movidas por la certidumbre de que solo el final del capitalismo podía traer paz y bienestar definitivos. Movimientos nacionales de izquierda, organizaciones revolucionarias acompañadas por grandes movilizaciones sociales se lanzan a la lucha por la conquista del poder y a construir el socialismo. El sistema fue cercado, incluyendo al mismo capitalismo europeo.

Liderados en su mayoría por burguesías seudos industriales locales, los países de Tercer Mundo o No Alineados, como se proclamaron en los años 60 y 70 se resistieron sin mayores consecuencias. El apoyo de los grandes movimientos populares obtenidos mediante pactos sociales o de clases, en muchos casos tramposos, fue reventado por la inflación fabricada por el capital financiero impidiendo que se concretara el proyecto nacional burgués.

El imperialismo derrocó gobiernos democráticos e impuso dictaduras militares en casi toda América latina, monarquías despóticas en Medio Oriente y apoyó a movimientos clericales fundamentalistas en donde quiera que estos le sirvieran para enfrentar al comunismo ateo. Junto con sus nuevos socios criminalizaron las luchas sociales, reprimieron a los movimientos populares y sindicales que se resistían a perder los derechos adquiridos, exterminaron a los dirigentes revolucionarios y reprimieron las protestas sociales esgrimiendo la Doctrina de Seguridad Nacional con el auxilio de los ejércitos locales formados en la Escuela de las Américas para frenar el auge nacionalista o revolucionario.

El nuevo plan trajo aparejado nuevas condiciones, desmantelar el incipiente desarrollo industrial y echar para atrás todas las concesiones hechas por la burguesía autóctona.

La acción del imperialismo se vio favorecida por la debacle de la Unión Soviética que había comenzado mucho antes de la caída del muro de Berlín. Muchas revoluciones y organizaciones revolucionarias fueron traicionadas por la Unión Soviética, muchos de estos movimientos políticos y sociales fueron negociados en función de los intereses coyunturales o estratégicos del Kremlin. Aún así muchos lograron triunfar en todos los continentes pero no alcanzó a torcer las ambiciones imperiales.

El proyecto de desarrollo político, ideológico y económico independiente de toda injerencia externa no pudo prosperar, el internacionalismo promovido por algunas de revoluciones triunfantes tampoco. El imperialismo se lanzó por todo afinando su proyecto de intervención: acabamos con los movimientos revolucionarios, no hay antagonista, no hay modelo, hay reflujo de la lucha de clases y por lo tanto ahora podemos ir por lo que queda. Una estrategia de acción que fue constante, continua y premeditada desde la expansión colonial e imperialista hasta llegar a la doctrina actual: la globalización económica y el libre mercado. Un cambio de términos partiendo de la evolución económica y financiera del modelo capitalista, que no ha modificado el objetivo, que ha perfeccionado su doctrina, su táctica y su estrategia de intervención para el saqueo de las economías nacionales y regionales desbaratando para eso Estado Nacional, que le incomodaba y dificultaba su accionar.

EL ESTADO NEOLIBERAL

Bajo el auspicio del Estado Moderno el neoliberalismo construyó y desarrolló su logística económica, comunicativa y antidisturbios para poder sostener socialmente en escena la dramatización de la democracia representativa. La verdadera profilaxis del sistema, que disfraza los privilegios económicos, que oculta la corrupción de la casta política e impide la gestación de una oposición triunfante o el desarrollo de nuevas, o conocidas, doctrinas de Estado.

Esgrimiendo su logística militar, financiera y mediática asaltó los poderes institucionales y democráticos, construidos a medias, durante el apogeo del Estado Nacional. Las oligarquías locales, en franca retirada, se resistieron inútilmente a entregarle los resortes del Estado Moderno, a entregarle el control que ejercía sobre las economías nacionales o regionales. Pero no tenían otra opción y prefirieron alinearse. El Estado Nacional, útil a la hora de reprimir los alzamientos sociales, a la hora de frenar la lucha de clases pasó a ser prescindible desde que cayó la cortina de hierro.

El endeudamiento externo adquirido ilegalmente, la socialización del pago de la deuda privada y las políticas privatizadoras alentadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial maniataron al los Estados Nacionales restándoles recursos. El bombardeo mediático, la corrupción política y la debacle económica de la burguesía industrial, liquidada con la apertura de las importaciones, hicieron el resto.

Frente a la crisis fabricada por el mismo sistema político y económico la receta fue generar más crisis, achicando el estado y quitándole aun más recursos privatizando sus empresas rentables. La herramienta que utilizó el capitalismo fue su coartada doctrinaria: la democracia representativa, el ámbito donde quinientos políticos corruptos pueden ser sobornados a precio vil para modificar toda legislación que pudiera ser una barrera para obtener su objetivo: pagar barato, a precio regalado las empresas estatales rentables.

Bajo el auspicio del Estado Moderno el neoliberalismo construyó sus coartadas doctrinarias y desarrolló su logística comunicativa y ANTIDISTURBIOS.

Eliminar los mecanismos de control del Estado Moderno o cooptarlos imponiendo a un gerente de una multinacional del sector fue el primer paso, desarrollar licitaciones y contratos que favorecieran sus intereses económicos fue el siguiente. Dejar de regular todo, para imponer su propia regulación, su táctica legislativa, de este modo se apropió de los recursos que le habían permitido al Estado Moderno actuar como bombero frente a los incendiarios conflictos ideológicos, políticos y sociales.

Pasaron a sus manos todas las empresas que tenían a sus victimas cautivas, a todo el país. Las empresas que garantizaban las comunicaciones, el suministro de la energía y el agua, el transporte en todas sus formas y los alimentos. Monopolios estatales que, en manos de una burocracia inepta e ineficiente, coadyuvó a que la clase media comprara el proyecto neoliberal. La táctica: despojar durante años a las empresas estatales de recursos económicos para que fueran más ineficientes y fomentar más burocracia administrativa corrupta; el objetivo: desprestigiar al estado como administrador de sus bienes para quedarse con ellos.

Pero también había que debilitar a los sindicatos acusándolos de ser una rémora del pasado y a los sindicalistas de corruptos aprovechando el hecho cierto de que muchos lo eran. No estaban en la mira los pequeños sindicatos de gastronómicos o de voceadores de periódicos. Claro que no, tenían que debilitar a los grandes sindicatos, los vinculados a las industrias y empresas estratégicas, los sindicatos que podrían oponerse, aunque solo fuera para preservar los privilegios de sus dirigentes.

La tierra y los alimentos no quedaron al margen. Retornó el latifundio y la tenencia de la tierra pasó a manos de grande empresas y los alimentos que tenían precios regulados o subsidiados para favorecer una política alimenticia independiente o para contener conflictos sociales quedaron en mano de gigantescas multinacionales que controlan sin escrúpulos precios y mercados. Eliminados los subsidios al campo y los controles de precios la producción y comercialización de alimentos quedaron a merced de grandes monopolios y del circo consumista, los supermercados.

El Estado Neoliberal a dejado a los pueblos y a los trabajadores a merced de las circunstancias, a la contingencia impuesta por la voracidad del capitalismo salvaje. Un estado que se ha debilitado, que solo conserva su papel de policía social, que solo interviene económicamente en las coyunturas electorales y que en todo lo demás no hace nada, que no planifica el futuro y que relega la educación a la reproducción de los cuadros que fortalecerán al mismo sistema.

El Estado debía ser modificado y lo fue. Sin la más mínima atadura ética, de por sí dudosa, que el Estado Moderno significaba el neoliberalismo se ha lanzado a la acción sin pruritos ni controles reinando sobre las fronteras, controlando la economía de ciudades, regiones y países gobernados por tecnócratas formados en sus instituciones educativas.

Pero es imposible que pueda imponer el carácter universal de la democracia si no postula la profundización de la misma y la democratización de la economía. Si no postula al mismo tiempo el pluralismo político interno que el externo. Y no lo hará por que es un sistema de naturaleza antidemocrática.

No quiere aceptar todas las expresiones de gobierno y acusa de terroristas a los que defienden su autodeterminación, a los que ven que sus ideales, religiones y fronteras no son ni serán respetadas. Cuando defiende al mismo tiempo la democracia representativa y la autonomía del mercado y las impone por la fuerza mediante la intervención militar, la ingerencia política, económica o mediática.

El Estado Neoliberal a dejado a los trabajadores a merced de las circunstancias, a la contingencia impuesta por la voracidad del capitalismo salvaje...

Crisis alimentaria, hija del lucro capitalista

Misael Pérez



El fantasma del hambre ya esta entre nosotros como en las viejas películas apocalípticas al estilo de “Cuando el destino nos alcance”. De repente el jinete del hambre nos alcanza; en realidad siempre ha estado ahí y no sólo en países lejanos, sino en la realidad cotidiana de millones de mexicanos que viven al día, ya sea en la ciudad o el campo. El hambre derivada de la miseria no es un fenómeno nuevo, pero las dimensiones que está cobrando sí lo son.

En primer lugar, el origen de esta oleada de escasez de alimentos a nivel mundial se debe a factores mercantiles más que de escasez, como lo es el uso de cereales para fabricar biocombustibles, la demanda de sociedades con economía emergente como la India y China, y el alto precio del petróleo, del cual se derivan importantes componentes de los abonos; pero sobre todo se debe a la especulación y falta de planificación inherente a la sociedad capitalista, cuyo motor es la ganancia y no la satisfacción de las necesidades de la población.

El cuadro en México se ve agravado por la desastrosa política agropecuaria que por décadas han impulsado los gobiernos del PRI y ahora del PAN, que han llevado al campo a un panorama de inmigración, sequía y abandono de la producción. Se trata de una política que permite la libre importación mientras quita subsidios al campo, lo que hace imposible competir con los precios de productos extranjeros, cuyos productores muchas veces están subsidiados en sus países de origen. El campo mexicano está devastado, lo ha estado por décadas y el gobierno mexicano no ha hecho nada. El resultado es que dependemos, en materia de alimentos, de productos importados, incluso del maíz, base de la alimentación en nuestro país; es por esto que la subida de precios a nivel internacional nos afecta de manera inmediata.

Después del aumento a la tortilla el año pasado, los precios de otros productos han seguido aumentando de manera sostenida, de septiembre pasado a la fecha el arroz aumentó 33%; el aceite, 50%; el huevo, casi 60%; y el fríjol, 12%; (El Universal, 23 de mayo de 08). Al igual que el año pasado el gobierno responde con un anuncio de medidas cosméticas e ineficaces como la apertura del mercado nacional a la importación de maíz, trigo, sorgo y pasta de soya; la reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche en polvo, y adquisición de frijol libre de arancel. Estas medidas, lejos de beneficiar al campo mexicano, lo hunden más; los acaparadores obligarán a los productores a bajar sus precios bajo la amenaza de que si no les venden a los precios que ellos fijen comprarán en el exterior, por lo que los únicos que salen ganando, como siempre, son los intermediarios. Un segundo acuerdo del gobierno se hizo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) para reducir los costos de los productos. El acuerdo el año pasado fue un completo fracaso y, no obstante, nuevamente se pretende subsidiar a estas tiendas privadas para que el público sea acarreado a consumir en ellas. Como vemos, las medidas para mitigar el alza de los precios en alimentos se convirtieron en una oportunidad de negocio para los gobernantes panistas, mientras que los precios seguirán subiendo.

Se estima que éste no será un fenómeno temporal, por lo que se irá agravando cada vez más si los salarios continúan estancados, pues ya de por sí éstos han perdido gran parte de su poder adquisitivo en condiciones de inflación “controlada”. La nueva situación está obligando a las familias a reducir el consumo de los productos alimenticios más caros; según la ANTAD el consumo de productos naturales y procesados ha disminuido en 5 %, lo que también significará desnutrición y enfermedades a mediano plazo.

Este fenómeno está golpeando a todos por igual, incluso a sectores que tienen cierta estabilidad económica, por lo que el descontento irá en aumento, la crisis alimentaria llevará aparejado otros fenómenos como el de la delincuencia. Si no se incrementan los salarios y aumenta el empleo, tenemos todos los elementos necesarios para que haya una explosión social.

Una economía planificada pudo haber previsto esta situación y tomar medidas de seguridad pero dentro del capitalismo las fuerzas del mercado se orientan a la destrucción de las economías de los países subdesarrollados, por lo que hemos llegado a la paradoja de cultivos que se venden caros y campesinos empobrecidos.

La crisis alimentaría continuará mientras los trabajadores no tomemos el control de la situación; en la pretendida guerra de Calderón contra los especuladores no habrá ni un solo detenido ni sancionado y sí muchas ganancias para toda la burguesía y las trasnacionales como Monsanto. No podemos permitir que esto continúe, debemos luchar contra la inflación y unir esta lucha con la lucha contra la reforma energética. Es necesario convocar a un paro nacional para frenar estos ataques a la clase trabajadora.



El caso del News Divine, una historia que se repite

Antonio Luna


Alguien dijo alguna vez que la historia no se repite. Yo creo que se equivocó. Lo sucedido en el News Divine deja al descubierto no sólo la ineptitud e incompetencia de las fuerzas policiacas en el Distrito Federal y la corrupción ya bien conocida de las autoridades que nos gobiernan. También deja al descubierto que al gobierno federal y a la derecha golpista no les importa la vida de los nueve jóvenes y tres policías que fallecieron, lo importante para ellos es el desprestigio del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y todo el movimiento popular. Desde la tarde de la tragedia a la fecha el presidente de facto y sus compinches han usado el influyente medio televisivo para orquestar una campaña sucia.

Es cierto que no nos podemos quedar callados ante el abuso de autoridad y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas. No basta con alzar la voz, es necesario exigir justicia y castigos ejemplares para los responsables de estos deleznables atropellos.

La negligencia es imperdonable y debe castigarse, pero pongamos atención en algunas cosas. Desde el inicio del gobierno usurpador a la fecha ha habido cinco mil ejecuciones aproximadamente, si esto lo dividimos entre el año y medio de gobierno, nos da un total de ¡diez asesinatos por día! Pero en esto no repara el Sr. Dóriga, que se hace pasar por periodista siendo un simple soldado del imperio. Basta con dar un repaso a lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006: todas las ejecuciones, desapariciones y actos de autoritarismo simplemente no son denunciados a la sociedad de la misma manera que como, día a día, se ha tratado el caso del News Divine; las diez ejecuciones que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país son tomadas como hechos sin mayor importancia.

Me parece conveniente comparar este linchamiento mediático con el ocurrido en marzo de 2004, donde en diversos videos filtrados a losmedios aparecían, por un lado, Gustavo Ponce, entonces secretario de finanzas del gobierno del Distrito Federal, apostando en las Vegas; y por el otro, aparecían el entonces jefe delegacional de Tlalpan, Carlos Imaz, y René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional y anterior secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo grandes cantidades de dinero del empresario argentino Carlos Ahumada. Estas acciones ominosas que merecen aclararse ante la sociedad fueron pretexto para construir una campaña de desprestigio contra AMLO.

La táctica actual es la misma que la de aquella vez, bombardear con información manipulada a conveniencia; que tiene como finalidad favorecer muchos intereses perversos, no el de esclarecer el lamentable incidente donde perdieron la vida doce personas. Lo justo sería ubicarlo en su exacta dimensión, porque los males del país son mucho mayores que lo que sucedió ese día en el News Divine, ¡un gobierno que calla ante la ejecución de diez personas diarias, tantos como en Irak, no puede ser un buen gobierno! Por ello es importante que los ciudadanos que nos dejemos engañar. Esta historia ya la hemos vivido.

VIVIR EN EL CAOS (PRIMERA PARTE)

por Daniel Murillo Castelán

Somos una población en su mayoría menor de edad (literal y figurativamente hablando). Los jóvenes normalmente se encuentran en el limbo: no trabajan, no se dedican como deben a sus estudios (sea por falta de interés o recursos económicos, problemas familiares o existenciales...), no tienen un libre ejercicio de su sexualidad, tiene acceso restringido a muchos lugares, son completamente apolíticos, etc. Si mezclamos esto con la falta de empatía con las necesidades del pueblo, la corrupción e ineptitud de parte de nuestros gobernantes tenemos una combinación explosiva. Casos como el reciente News Divine o la treta del gobierno para victimizar a los emos lo hace más plástico.

Vamos por pasos. El país está viviendo una polarización debido al intento del Gobierno Espurio por imponer una Reforma Energética, una Ley Gestapo y un Plan Mérida que claramente le arrebata la soberanía al país. Por si no fuera poco, el partido de izquierda más importante del país, el Partido de la Revolución Democrática, ha sufrido una división interna que ha dañado aún más su ya de por sí deteriorada imagen. Una imagen ganada a pulso por los casos de corrupción alumbrados públicamente y por los numerosos exmilitantes del PRI que conforman ahora al PRD.

Si bien es cierto que un importante sector de la población ya no cree lo que le dictan los medios de comunicación, no se puede negar que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador son mucho menos (basta con ver que ya no llena como antes el Zócalo y su periódico oficial, La Fuerza del Sol, ha disminuido notoriamente su distribución). Esta merma se debe más a la timorata actitud de López Obrador que al complot gubernamental.

Se concibe absurdo que hayan transcurrido dos años desde el fraude electoral y Felipe Calderón continué en el poder. Sí, en el poder, porque realmente detenta el monopolio del poder. Por más que López Obrador se autodeclare Presidente Legítimo y sus cada vez menos seguidores le obedezcan en todo, soportando incluso la antidemocrática imposición de Jefes de Brigadas, nadie puede negar que AMLO aún no es el Presidente.

Apoyo a López Obrador y su Proyecto Alternativo de Nación, pero no su tibieza:

· En Bolivia, cuando la oligarquía pretendía privatizar el gas, las masas se movilizaron para impedirlo, lo lograron y ya encarrerados decidieron tirar al gobierno y poner a Evo Morales en el poder, quien ahora gobierna realmente para servir a su pueblo. Por que no hacer lo mismo aquí.

· Cuando quisieron relacionarlo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, escondió la cabeza y negó toda relación. Es cierto que no tiene ningún nexo con él y que su Proyecto Alternativo de Nación no tiene ninguna semejanza con el proyecto chavista, pero al deslindarse y evadirse sólo logró incentivar a los “medios de desinformación” para seguir acosándolo.

· Incluso, si hubiera analizado bien la coyuntura mundial, habría comprendido que solidarizarse con la Revolución Bolivariana es lo más natural, pues los beneficios serían para todos además de que México y Venezuela son históricamente naciones hermanas.

· Dentro de esa lógica, en vez de realizar una gira por toda la República para convencer a las masas que ya estaban convencidas, debió realizar una gira por Sudamérica. Tan sólo en Venezuela no se le hubiera recibido con menos de un millón de personas. Eso le hubiera dado una presencia tal que la comunidad internacional hubiera condenado el fraude electoral mexicano.

· Ni durante su campaña electoral ni después del fraude, se solidarizó con movimientos sociales como la APPO lo cual facilitó las operaciones de la oligarquía.

· Teniendo a una gran porción de sus seguidores dispuestos a derribar ya a Calderón, tuvo miedo y prefirió desmovilizarlos gastando sus energías en los plantones en Reforma.

· Ante la terrible decadencia del PRD prefiere continuar militando ahí en vez de salirse y formar su propio Partido, con lo cual recuperaría lo confianza y el consenso que lo han caracterizado.

· Le ha impuesto a las ya organizadas Brigadas en Defensa del Petróleo líderes que ellas mismas no reconocen porque saben que se trata de personas que sólo utilizan esta coyuntura como trampolín político.

Continuara....

Si se privatiza PEMEX habrá despidos masivos y subirán los impuestos”, trabajadores petroleros

UN SUJETO FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN SON LOS TRABAJADORES PETROLEROS. EL EQUIPO DE TIEMPOS MODERNOS CHARLÓ CON UNO DE ELLOS, AARÓN SOLEDAD HERNÁNDEZ CASTILLO, PARA CONOCER LA LUCHA QUE, A PESAR DE LAS DIFICULTADES, MUCHOS OBREROS LIBRAN CONTRA LOS CHARROS Y LA CONTRA REFORMA DE CALDERÓN

Primero cuéntanos cuál es tu puesto en PEMEX, cuál tu área y centro de trabajo, también cuánto tiempo tienes en la empresa.

Mira, el último puesto que ocupe en la empresa fue el de Camillero y Chofer de ambulancia. El área de trabajo, servicios médicos. Más 14 años en la empresa. En la actualidad estoy despedido, sin embargo, cuento con una demanda laboral, para la reinstalación.

¿Cuál es el ambiente y el ánimo entre los trabajadores petroleros desde que Calderón presentó la iniciativa de contrarreforma? ¿Qué se comenta en los pasillos?

Por lo general los petroleros son apolíticos, desafortunadamente es un sector económicamente bien remunerado y eso los lleva a no ver los problemas de carácter político y social.

También habría que agregar que el control de la patronal y de los funcionarios sindicales es muy fuerte, lo cual hace que los trabajadores se desentiendan de los problemas sociales y políticos del país. Esto es algo muy grave, ya que éste es uno de los sectores más grandes e importantes.

Es de todos sabido que los gerentes y altos funcionarios de PEMEX están a favor de la privatización, ¿han hecho algo para convencer a los trabajadores de apoyar la contrarreforma, se ha endurecido en control político contra los disidentes dentro de la empresa?

Los funcionarios de la empresa y la dirigencia sindical están a favor de la privatización. Muchos de los funcionarios tienen o manejan empresas particulares que le trabajan a PEMEX como contratistas, lo mismo hace el sindicato. De hecho, en este proceso de privatización Carlos Romero Deschamps propuso que el sindicato se quedaría con la administración de los servicios médicos.

Hubo un movimiento político fuerte en el 2000 y 2001, sin embargo el sindicato, en confabulación con la empresa, despidió a la mayoría de los disidentes a nivel nacional. A los que se quedaron los han ido jubilando y a otros les han ofrecido ciertas canonjías o los han vuelto funcionarios sindicales, de tal forma que en estos momentos la disidencia está muy disminuida.

Pero en los Estados del Sur al parecer hay una emergencia de los disidentes ya que han estado despidiendo a muchos trabajadores con la finalidad de que entren las transnacionales y las empresas contratitas a hacer los trabajos.

Es también cierto que hay muchos trabajadores que están en el movimiento en los comités de defensa de la industria petrolera, pero no dan la cara en los centros de trabajo, debido a las represalias.

Y la dirigencia del sindicato, ¿Cuál es su posición? ¿Ha convocado a reuniones para tratar el tema de la privatización?

La dirigencia sindical hasta este momento no se ha manifestado, no ha dicho nada en torno a las reformas energéticas. Pero su posición es obvia: ellos están a favor, de lo contrario ya se hubieran manifestado.

¿Qué iniciativas están desarrollando los trabajadores democráticos contra la privatización?

En estos momentos desde diferentes trincheras se están impulsando toda una serie de acciones en contra de las reformas, pero al interior de la empresa el control que ejercen los funcionarios como lo dirigencia sindical es muy férreo, esto hace que haya cierta apatía.

¿Cómo afectaría a los trabajadores de PEMEX la privatización?

En caso de que se privatizara la empresa se darían despidos masivos. Los panistas dicen que hay un excedente de trabajadores del 400%, cosa no muy cierta, pero sí pueden rebajar la plantilla laboral y cargarles las actividades laborales a los que se queden; de hecho esta practica ya la han estado haciendo. Desde hace por lo menos dos años se habla de que se hará una reestructuración en donde se despedirían a 32 mil trabajadores a nivel nacional. Las condiciones políticas no se lo han permitido pero sí han estado recortando personal. Con la entrada de las trasnacionales ellos impondrían sus condiciones y ritmos de trabajo, y por supuesto que la sobreexplotación es una de sus características, ahí tenemos a Walmart.

Tú, que conoces la empresa por dentro, ¿cómo crees que afectaría al país la entrega de nuestro petróleo?

En la actualidad el 40% del presupuesto nacional proviene de la venta del crudo. Si se privatizara, ¿crees que las trasnacionales iban a estar dispuestas a pagar el 60% de todas sus ganancias en impuestos a Hacienda? Pues claro que no. Todos esos recursos que dejarían de entrar al fisco. De dónde los sacarían, pues del pueblo, nos subirían impuestos para compensar el déficit del recurso petrolero y se vendría un problema muy serio en este país.

Por último, ¿qué opinas sobre la consulta organizada por el gobierno del Distrito Federal que se realizará el 27 de julio?

Se quiera o no el movimiento en defensa del petróleo frenó los planes de Calderón y sus secuaces por aprobar la ley en fast track. La propuesta de la consulta popular fue hecha en los primeros debates por un constitucionalista y luego retomada por Marcelo. La idea no es mala, lo malo es que como sociedad no somos participativos y, hay que ser claros, la mayoría de la población está muy desinformada, incluso en las mismas universidades. En la medida de nuestras posibilidades tenemos que impulsar la consulta. Si no se obtienen buenos resultados los privatizadores van a tener más elementos para seguir desprestigiando a quienes nos oponemos a sus aspiraciones.

Contactos:

Cubículo 114 bis de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

drevolucionaria@yahoo.com.mx

elcerebro.com